¿Qué revisar antes de subir documentos a una IA? El caso Morgan

En un minuto

Una persona que litigaba sin abogado utilizaba IA para preparar su caso. Un tribunal federal de Colorado reconoció que esa preparación podía recibir protección procesal, pero le ordenó identificar las herramientas empleadas con información confidencial. También fijó condiciones para cargar esos documentos en una plataforma. La decisión conserva espacio para una asistencia útil y obliga a mirar qué datos recibe el proveedor y bajo qué garantías. Es una resolución estadounidense sobre un incidente concreto, no una autorización general ni una regla aplicable automáticamente en Argentina. Fallo, pp. 1–2 y 14–16.

Hechos y problema jurídico

Archie Morgan demandó a V2X por discriminación laboral y actuaba sin representación letrada. La empresa negó las acusaciones. Durante el intercambio de documentación previo al juicio, llamado discovery, surgió una diferencia sobre el uso de IA con información protegida por una orden judicial de confidencialidad. La resolución que analizamos no decidió quién tenía razón en el conflicto laboral. Fallo, pp. 2–4.

V2X pidió modificar aquella orden y conocer qué herramienta utilizaba Morgan para comprobar sus garantías. Él aceptaba discutir límites, pero sostenía que revelar sus herramientas expondría su estrategia. También planteó una desigualdad: restringir su acceso a ayudas tecnológicas mientras la contraparte disponía de recursos profesionales. La magistrada observó que ambas partes parecían utilizar IA. Fallo, pp. 2–4.

La estrategia y el nombre de la herramienta

La jueza aplicó la regla federal de procedimiento civil 26(b)(3), relativa al work product. En este contexto, la expresión se refiere a la protección frente al acceso de la contraparte a materiales preparados para el litigio. Entendió que una persona sin abogado también podía invocarla respecto de su preparación asistida por IA y que recurrir a estas herramientas no producía, por sí solo, una pérdida automática de protección. Distinguió esa protección general de la protección reforzada que la regla reserva a las impresiones del abogado u otro representante. Fallo, pp. 5–11.

Sin embargo, el nombre de la herramienta planteaba otra cuestión. Morgan no había explicado de manera suficiente cómo identificarla revelaría sus ideas o estrategia. La empresa necesitaba ese dato para evaluar el tratamiento de su información confidencial. Por eso se ordenó comunicar qué plataformas había utilizado con esos documentos. La decisión no equivale a ordenar la entrega de todas sus conversaciones ni establece que toda elección tecnológica deba revelarse siempre. Fallo, pp. 11–12 y 16.

Las condiciones para cargar documentos reservados

La magistrada dispuso incorporar una cláusula dirigida a todas las partes y demás destinatarios autorizados. Para ingresar información designada CONFIDENTIAL bajo esa orden, exigió garantías contractuales documentadas. El proveedor debía tener prohibido almacenar o utilizar las entradas para entrenar o mejorar su modelo. También debía tener prohibido divulgarlas a terceros, salvo cuando esa comunicación fuera esencial para prestar el servicio. En ese supuesto, los terceros debían quedar sujetos a obligaciones de protección no inferiores a las de la orden. Fallo, pp. 14–15.

Además, debía existir un derecho contractual a eliminar toda la información confidencial a pedido. Quien pretendiera utilizar una herramienta que cumpliera esas condiciones tenía que conservar documentación escrita de las garantías. Para la jueza, describir un sistema como seguro o cerrado no bastaba para resolver todos estos problemas. Fallo, pp. 13–15.

Conviene mantener dos distinciones al leer ese pasaje. Que ciertos materiales de preparación puedan quedar protegidos frente a la contraparte no autoriza a cargar documentación recibida bajo restricciones. Y esa protección procesal no debe confundirse con el secreto profesional de una relación abogado-cliente: aquí se trataba de una persona que litigaba sin abogado y de la aplicación de una regla procesal civil específica. Fallo, pp. 5–11 y 14–15.

La utilidad de la IA también forma parte del caso

La jueza reconoció que las exigencias podían dejar fuera a muchas herramientas gratuitas o económicas y perjudicar a quienes no podían pagar servicios avanzados. Advirtió, además, contra el uso excesivo de la etiqueta de confidencialidad. Pero dejó expresamente abiertos los usos de IA que no implicaran cargar la información protegida por aquella orden, siempre respetando las demás obligaciones procesales. Fallo, p. 15 y notas 4–6.

La enseñanza que proponemos extraer es preguntar qué información necesita realmente la tarea. Antes de discutir marcas o planes comerciales, conviene distinguir la ayuda buscada del material que sería necesario compartir. Es una lectura didáctica del problema, no un protocolo argentino establecido por este tribunal.

Ejercicio breve para comparar dos usos

Supuesto ficticio: en una clase, una estudiante pide a una IA que explique un párrafo de una sentencia pública. Después considera subir una carpeta recibida de la contraparte, con documentos sujetos a una orden de confidencialidad, para preparar preguntas.

¿Qué cambia? En el primer uso habrá que verificar que la explicación sea fiel al fallo. El segundo agrega un problema previo: si esos documentos pueden transmitirse a esa plataforma. En las circunstancias de Morgan, habría que examinar las garantías contractuales exigidas por la orden. Elegir una herramienta conocida o pagar una suscripción no demostraría, por sí solo, que las satisface. El ejercicio invita a revisar la carga propuesta, no a renunciar a toda asistencia tecnológica. Fallo, pp. 14–15.

Fuente y alcance

Analizamos únicamente la orden del 30 de marzo de 2026, documento 65. No se afirma que esté firme ni se informa aquí el resultado posterior del litigio. Las explicaciones en español son elaboración propia a partir del original inglés, no una traducción oficial. Texto completo en GovInfo.

Transparencia editorial

Texto elaborado con inteligencia artificial a partir de la fuente oficial enlazada. Puede contener errores y no se afirma revisión humana. El ejercicio y las propuestas didácticas no son instrucciones del tribunal. Antes de utilizarlo profesionalmente, revisá la decisión original y el derecho aplicable. No constituye asesoramiento jurídico.